WASHINGTON,.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prohibido este martes la entrada en el país de varios funcionarios nicaragüenses, entre ellos su homólogo, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, por sus «represivas» acciones contra otros actores políticos y de la sociedad civil durante la previa de las elecciones del 7 de noviembre, sin amplio reconocimiento internacional.

La decisión, ha asegurado Biden, viene motivada por «la importancia» para Estados Unidos «de impulsar procesos democráticos en Nicaragua» y «ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones democráticas».

«Dada la supresión de los Derechos Humanos y la democracia en Nicaragua, he determinado que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso (…) del presidente, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo», señala Biden en un comunicado de la Casa Blanca.

«Las acciones autoritarias y antidemocráticas del Gobierno de Ortega han paralizado el proceso electoral y despojado del derecho de los ciudadanos nicaragüenses a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas», ha explicado el presidente de Estados Unidos.

Biden ha enumerado la supuestas violaciones y tropelías que el Gobierno de Ortega habría cometido contra líderes de la oposición y de la sociedad civil, así como representantes de organizaciones estudiantiles, a quienes, entre otras cosas, apunta, no se les ha garantizado su derecho a un juicio justo.

«El Gobierno de Ortega controla múltiples servicios de seguridad, incluidos parapoliciales no uniformados, armados y enmascarados, que abusan de las personas para promover su agenda autoritaria», ha expuesto Biden.

Además de Ortega y Murillo, la prohibición de entrar en Estados Unidos también recae en varios funcionarios del Gobierno, entre ellos alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos; agentes de seguridad, militares, altos miembros de la judicatura, personal administrativo y ministerial, e incluso personal docente, así como los familiares de todas estas personas.

«Los funcionarios municipales, actuando bajo órdenes directas del Gobierno de Ortega, han dirigido la violencia contra manifestantes a favor de la democracia (…). El clima de miedo establecido y perpetuado por estos funcionarios municipales ha disminuido la posibilidad de elecciones libres y justas», apunta.

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