El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, descartaron que las medidas anunciadas ayer en rueda de prensa por el Ministerio de Energía y Minas y la Administración de Punta Catalina, resuelvan el grave problema de las cenizas tóxicas de esa termoeléctrica.

Por el contrario, advirtieron que además de dejar igual y de manera indefinida la situación de las cenizas tóxicas, estas medidas agravarán la contaminación de las emisiones de los gases ácidos y de las microparticulas arrojadas por la chimenea al aire que respira la población.

Manifestaron que está claro después de escuchar las declaraciones de los ingenieros Antonio Almonte y de Serafín Canario, respectivamente ministro de Energía y Minas y director administrativo de Punta Catalina, que es imprescindible que el Tribunal Superior Administrativo, TSA, ampare los derechos a la salud y a un medio ambiente sano de los habitantes de la provincia Peravia.

Señalaron que estos funcionarios admiten la toxicidad y los daños que producen las cenizas y la contaminación de Punta Catalina, pero carecen de la voluntad de resolver este problema “con la urgencia que requiere la gravedad de la situación y la preservación de los derechos constitucionales que no pueden ser supeditados a conveniencias burocráticas o de cualquiera otra índole”.

Resaltaron que la toxicidad de las cenizas se reconoció en el contrato de arriendo de los terrenos que ocupa Punta Catalina, suscrito el 21 de agosto de 2015, entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, y la familia Vicini, en el que se estableció una indemnización por la caña orgánica afectada por estos residuos ascendente a US$36,375 por hectárea, pagaderos en un plazo no mayor 60 días a partir de la fecha en que ocurriera el daño.

“Si las cenizas de carbón afectan a la caña de azúcar, también a los otros cultivos y a la salud humana, y se debería proceder con la misma urgencia que exige el contrato suscrito con los Vicini en el pago de la indemnización por los daños causados a su plantación”, dedujeron.

“Las inmensas montañas de cenizas tóxicas como en general la contaminación de Punta Catalina, es ante todo un asunto de derecho y de preservar la salud y los medios de vida de más de cien mil personas directamente afectadas que no puede esperar ni un día más”, afirmaron.

Dijeron que los funcionarios se niegan a considerar la única y real solución a las cenizas y a la contaminación de Punta Catalina que es la conversión a gas natural de estas plantas de carbón, perdiendo el tiempo con medidas que se han demostrado que no resuelven nada ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo.

Indicaron que de entrada no se puede admitir que estas montañas de cenizas tóxicas se mantengan en el sitio en que están a 800 metros del río Catalina, colocadas en un terreno con un alto manto freático, a poca distancia del litoral, rodeadas de comunidades y por cultivos.

“Es urgente que estas montañas de cenizas sean trasladadas fuera de la provincia Peravia y probablemente del país por su alta toxicidad, como están haciendo en Puerto Rico con las cenizas de la planta de carbón de AES de Guayama que están siendo llevadas a depósitos especiales en suelo continental de EUA, tras haber enfermado a mucha gente y contaminado las tierras y el acuífero del Sur de la isla”, plantearon.

Precisaron que cada día que pasa se está corriendo el riesgo de que las aguas subterráneas y superficiales de la región Valdesia sean contaminadas con las sustancias tóxicas de estas cenizas, lo que sería un daño irreversible.

“No basta con culpar a la anterior administración por los daños que está causando Punta Catalina, es deber y absoluta responsabilidad de las actuales autoridades de resolverlos con la urgencia que se requiere y procurar ante los tribunales el castigo ejemplar de los culpables de este crimen ambiental y sanitarios”, expresaron.

Las entidades denunciaron que las supuestas mejoras tecnológicas que introducirán las autoridades en Punta Catalina consisten en cambiar el sistema de control de seguridad del aire para reducir y hasta eliminar el empleo de la cal para el lavado y el filtrado de los gases ácidos, con la finalidad de que los residuos puedan ser utilizados por la industria cementera.

Explicaron que este cambio traerá como consecuencia que las emisiones de dióxido de sulfuro y de dióxido de nitrógeno, sumamente tóxicos, aumenten hasta dos mil miligramos por Nm3, cuando las normas internacionales establecen niveles menores de 200 miligramos por Nm3, para un incremento de diez veces más.

“Eso quiere decir que por la chimenea de Punta Catalina saldrán gases que envenenarán aún más el aire que respira la gente, que producirán lluvias ácidas en mayor cantidad y esmog”, aseguraron.

Rechazaron que exista en el país una industria cementera que pueda consumir el 90% de las cenizas que produce Punta Catalina. “Eso significaría un consumo de 360 mil toneladas de cenizas al año, lo que es imposible, una burda mentira, un disparate”, proclamaron.

Exigieron que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cumplimiento de la ley, obligue al Ministerio de Energía y Minas y a la administración de Punta Catalina a presentar el estudio de impacto ambiental de las supuestas mejoras tecnológicas y la celebración de vistas públicas antes de iniciar la aplicación de estas modificaciones.

Llamaron a las autoridades locales, así como a las organizaciones y a las comunidades de la provincia Peravia, a coordinar un plan de resistencia y movilización para defender la vida, la salud y los medios económicos suyos, de sus familias y vecinos, “amenazados tanto por la contaminación de Punta Catalina como por la inconsciencia e insensibilidad de las autoridades del Gobierno central”.

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