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El Consejo del Poder Judicial (CPJ) ordenó la destitución de siete jueces que, durante juicios disciplinarios ventilados entre los años 2020 y 2022, fueron encontrados culpables de haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Conforme a sentencias emitidas por el Consejo del Poder Judicial, los magistrados fueron desvinculados, luego de conocerse en su contra procesos donde la Inspectoría General jugó un rol preponderante, al asumir las investigaciones.
En los juicios disciplinarios en el 2020, fueron destituidos, los entonces jueces Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, presidente y miembro, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Robert Antonio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.
En el caso de Pérez García y Díaz, la desvinculación respondió a una investigación abierta en 2017, con relación a la sentencia que ordenó un nuevo juicio a los imputados Winston Rizik y Nelson Rizik, procesados en Monte Plata por narcotráfico y lavado de activos. A los magistrados les fueron canceladas las visas de los Estados Unidos por hacer uso de sus funciones para beneficiar al narcotráfico.
Ese mismo 2020, también fue procesado Robert Antonio de Aza Batista, en ese entonces juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana, quien se determinó actuó con parcialidad a favor de 37 personas beneficiadas con una sentencia que condenaba a Edesur al pago de dos millones de pesos por daños y perjuicio, al tirar una línea de cables en terrenos de los demandantes.
Otros cancelados
En el 2021, a la sazón, fueron cancelados los jueces: Reynaldo Antonio Soriano Cisnero, juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel; Yohan Carlos Morales Peguero, Juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia y Gregorio Antonio Rivas Espaillat, juez de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.
A Soriano Cisnero, la Inspectoría General le atribuyó incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, al valerse de su investidura para cometer acciones que pusieron en tela de juicio la imagen, credibilidad y buen nombre del Poder Judicial. La sentencia establece que recibió directamente o por otras personas, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura.
Morales Peguero fue acusado de cometer una falta disciplinaria grave relativa a su conducta en el ámbito laboral y el manejo de sus influencias jerárquicas para propiciar y conminar a relaciones íntimas o sentimentales con una empleada del tribunal al que pertenecía. Se dispuso, además de su cancelación, la inhabilitación para prestar servicios al Estado durante los cinco años siguientes.
