Por Odri Reyes Núñez

Experta en Derecho del Trabajo Magister en Negocios Corporativos Especialista en Derecho Judicial Aspirante a la Cámara de Cuentas. En la actualidad la Cámara de Cuentas ocupa el interés de la opinión pública en virtud del proceso de selección del nuevo pleno que realiza el Congreso de la República.

Selección que se lleva a cabo en medio de escándalos de corrupción de pasadas administraciones, en ocasión de la publicación del índice de percepción de la corrupción presentado por Transparencia Internacional y de la solicitud, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, de un(a) juez(a) para conocer la acusación de obstrucción a la justicia y otros delitos en contra del actual pleno de la Cámara por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

De conformidad con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional la República Dominicana ocupa el puesto 137 de 180 países calificados. El indicado ranking califica con puntuación entre 90 y 100 a los países con menor percepción de corrupción y entre 0-9 a los países con mayor grado de corrupción. La República Dominicana está rankeada en el grupo de países con una puntuación entre 10-19, lo cual nos sitúa entre las categorías de mayor percepción de corrupción del mundo.

La comprensión de las principales funciones de la Contraloría y la Cámara de Cuentas es indispensable para el desarrollo de una verdadera política pública que pretenda lograr el efectivo combate de la corrupción administrativa, debido al impacto que tienen estas instituciones en la prevención y persecución de este flagelo. El artículo 246 de la Constitución vigente establece los cuatro niveles del sistema de control del patrimonio públicos, a saber: 1. El Control Interno, 2. El control Externo, 3. El Control legislativo y 4. El Control Social. La Contraloría es rectora del Control Interno mientras que la Cámara de Cuentas es el máximo Ente del Control Externo.

La Contraloría General de la República constituye un órgano del Ministerio de Hacienda el cual a su vez es dependencia del Poder Ejecutivo, en tal sentido corresponden a la Presidencia de la República la designación de sus incumbentes. El Control Interno está regido tanto por la Constitución como por la ley 10-07 del 5 de enero del año 2007. Nuestra Carta Magna dispone en su artículo 247 lo siguiente: “La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley”. Tanto la ley que regula la Contraloría como la que regula la Cámara de Cuentas tienen como objeto lograr el uso ético, eficiente, eficaz, económico y con el debido cuidado del medio ambiente de los recursos públicos. La Contraloría también es responsable del diseño, vigencia, actualización y supervisión del referido control. 2

En cuanto al Control Externo el artículo 248 de nuestra Carta Magna dispone: “La Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado (…)”. Conforme a la ley 10-04 que rige a la Cámara de Cuentas, esta es un ente de carácter técnico que goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaría que tiene personalidad jurídica instrumental. El tribunal constitucional en su sentencia 1-15 de fecha 28 de enero del año 2015, establece que la Cámara Cuentas es uno de los órganos extra poder instituido por la Constitución del 2010, lo cual conforme a la referida decisión coloca a la Cámara de Cuentas en el “(…) vértice de la organización política en posición de paridad e independencia respecto de los poderes públicos tradicionales”; por consiguiente, continúa expresando dicha decisión: “(…) escapan a toda línea jerárquica”, ya que, “reciben directamente de la constitución su estatus y competencias esenciales”.
Si bien la Cámara de Cuentas tiene el carácter de órgano extra poder su autonomía e independencia no implica que no tenga ningún grado de control o vínculo con los poderes tradicionales. La Cámara de Cuentas es designada por el Poder Legislativo a quien de conformidad con la misma Constitución debe rendir informe sobre las labores de fiscalización que realiza, en este tenor el artículo 250.2 de la misma dispone: “(…) Sus atribuciones serán, además de las que le confiere la ley: (…) Presentar al Congreso Nacional los informes sobre la fiscalización del patrimonio del Estado; (…)”.
Conforme a la ley 10-04 y su reglamento de aplicación 06-04, el Control Externo consiste en: “(…) el examen profesional, objetivo, independiente, sistemático y selectivo de evidencias, efectuado con posterioridad a la actuación o gestión de los administradores públicos, de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, sujetas a esta ley (…)”. El referido control se ejecuta a través de auditorías financieras y de gestión, estudios e investigaciones especiales. Y se aplica al patrimonio nacional sin importar las manos en que se encuentre, esto es: a toda institución pública o privada, a toda persona física o moral que recaude, administre o reciba fondos públicos, que administre fondos públicos a cualquier título que fuere.
A fin de lograr el uso eficiente, eficaz, ético, con economía y cuidado del medio ambiente la Cámara de Cuentas tiene las siguientes facultades, respecto al Control Interno: “(…)12. Conocer y opinar de manera vinculante las normativas de control interno; 13. Requerir a la Contraloría General de la República y, por su conducto, a las unidades interna, el envío de sus planes de trabajo y los informes de sus actividades de control, en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 14. Solicitar a la Contraloría General de la República, o las unidades de auditoría interna, si es el caso, verifiquen el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Cámara de Cuentas;(…)”.
Es en el ámbito de atribuciones de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República en donde se previene, se propicia y se persigue la corrupción administrativa y el borrón y cuenta nueva que por tantos años ha colocado al Pueblo Dominicano bajo las garras del latrocinio de la corrupción administrativa. La Contraloría General de la República es un órgano todopoderoso y omnipresente en la administración pública y como tal puede constituirse en la principal herramienta en el combate a la corrupción administrativa o funcionar como la pieza clave para que esta actúe a sus anchas.

De igual forma la Cámara de Cuentas es el eslabón superior en la estructural del Estado para prevenir y perseguir la corrupción administrativa, esto así, siempre que la misma asuma de manera eficiente y eficaz su rol de fiscalizador externo. Integrar el pleno de la Cámara de Cuentas con profesionales capaces, con una conducta que muestre un compromiso ético y moral que logre un acuerdo de cooperación y respeto entre los rectores del Control Externo e Interno se constituiría en el freno a la corrupción administrativa que anhela el Pueblo Dominicano y el cierre definitivo de la puerta que ha estado abierta al Borrón y Cuenta Nueva.

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