Por William Acevedo Fernández

“Pinochet sabía que el sistema de las AFP iba a perjudicar a los trabajadores”. “¿es usted dueño del dinero que pone mes a mes en AFP?”.Alejandra Matus, periodista y escritora chilena.

Después de las atrocidades y matanzas de la Segunda Guerra Mundial, los líderes del mundo, formularon un marco ético, político y social para todas las naciones, el cual llamaron Declaración Universal de los Derechos Humanos, como una herramienta programática “dirigido a los actores estatales y a otros foros institucionalizados para la cristalización de los derechos humanos en el nuevo milenio”.

El 10 de diciembre del 1948 en Paris, La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada en la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto.

Para el presente análisis, de los Derechos Humanos Universales, llaman la atención dos artículos:

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
La ley chilena que crea las AFP para el gobierno de Pinochet en 1980, es una ley arbitraria porque la entrada al régimen es obligatoria y la salida es condicionada, vulnera los derechos de libertad, priva de los derechos de propiedad, individualidad y colectividad a los trabajadores. Esta ley obliga al ser humano, por el simple hecho de ser asalariado, a aportar mes por mes su dinero.

La Constitución de Chile impide coartar el derecho de libertad de afiliación con el acápite N°16 del artículo 19, dispone: “Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna”.

La ley 87-01 respecto a la AFP en la República Dominicana en el Artículo 36 establece lo siguiente: “Art. 36.- Afiliación al Sistema Previsional Contributivo. La afiliación del trabajador asalariado y del empleador al régimen provisional es obligatoria, única y permanente, independientemente de que el beneficiario permanezca o no en actividad, ejerza dos o más trabajos de manera simultánea, pase a trabajar en el sector informal, emigre del país, o cambie de Administradora de Fondos de Pensión (AFP).

Cada trabajador está en la obligación de seleccionar su AFP e informarlo a su empleador en un plazo no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley”.

En el marco de la Ley de la Constitución de la República Dominicana hay que señalar también dos importantes: “Artículo 47.- Libertad de asociación.

Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley”. Y el “Artículo 72.- Acción de amparo.

Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos.

De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades”.

El modelo AFP chileno fue copiado para imponerlo en República Dominicana, nuestro modelo manifiesta la misma arbitrariedad de un contrato sin firma que obliga al trabajador dominicano a aceptar las premisas sin leer ni firmar un documento de estar de acuerdo.

De consentimiento al Artículo 47 de la Constitución de la República Dominicana tenemos libertad de asociación (igual que los chilenos), es decir yo puedo decidir con quién asociarme y con quién no deseo asociarme.

De anuencia al Artículo 72 de la Constitución de la República Dominicana, podemos solicitar una acción de amparo, ya que una ley arbitraria exportada del gobierno chileno de Pinochet nos ha sido impuesta despóticamente.

De asentimiento al Artículo 1 y 17 de los Derechos Humanos Universales nadie puede privarnos de nuestra propiedad sin consentimiento.

La ley 87-01 viola mis derechos constitucionales y ciudadanos. Es por esto, abogo por la libre afiliación y desafiliación de las AFP.

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