La Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) dará inicio a una campaña de orientación a la población de la función que desempeña esa entidad en lo concerniente a la protección del derecho de autor.

Así lo explicó en visita a Diario Libre, su titular, José Rubén Gonell, quien también reveló que la entidad que dirige no apoya el proyecto de ley que procura introducir modificaciones en la Ley 65-00, sobre Derecho de Autor, y denunció que la pasada administración alquiló por 41 mil dólares mensuales el edificio que aloja a las oficinas de la Onda.

Al ofrece detalles de la campaña y del proceso de reorganización de la Onda, Gonell manifestó que actualmente ultiman los detalles para comenzar una promoción en radio y televisión.

“Nos estamos enfocando también en lo que es la organización de las sociedades de gestión colectiva, entidades que se encargan de mantener un contacto directo con los usuarios, así como las funciones que le corresponden a la Onda. En la actualidad algunas personas tienen una confusión porque entienden que somos la entidad a la que se le debe pagar, todo ese tipo de cosas son las que vamos a comunicar en la campaña”, aseguró.

Avanzó que el contenido de la promoción estará sustentado en socializar que el derecho de autor debe ser respetado, como ocurre en otros países. “Nuestro país figura en la lista de las naciones en la que menos se conoce el derecho de autor. Todos le sacan beneficios, pero nadie quiere pagar por la explotación de las obras de los creadores”.

Debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa el país a causa del coronavirus, la institución dispuso una rebaja en la tarifa de los servicios al público. “En efecto, ahora el pago de los servicios que nosotros ofrecemos se redujo sustancialmente en diferentes categorías”, explicó Gonell.

Hace pocas semanas Onda arribó a un acuerdo con la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora), gremio que colaborará en la difusión de los mensajes publicitarios al público a través de las emisoras afiliadas. Además de la radio, también utilizarán a las televisoras.

Modificación a la Ley 65-00

La Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados recibió dos iniciativas que procuran modificaciones en la Ley 65-00 sobre derecho de autor. Una procura la liberación del pago de impuestos a las clínicas por el uso de tener una televisión en las habitaciones y la segunda, tiene el mismo propósito, pero para los clubes de recreación.

“Nosotros recibimos representantes de la Asociación de Clínicas Privadas y a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) para iniciar una conversación de los montos que se estaban cobrando, en cuyos pagos, había un malentendido. Posteriormente nos dimos cuenta de que se presentaron a la Cámara de Diputados, y a través de un legislador están promoviendo el cambio del artículo que tiene que ver con el precio que deben pagar los centros clínicos e instituciones. Yo pienso que abocarnos a una reforma de la ley para favorecer a dos entidades, no sería justo porque entiendo que la legislación que tenemos merece una revisión, pero algo exhaustivo para que puedan corregirse muchas cosas”, apuntó.

Abundó que, si los usuarios le están sacando beneficio a las obras, deben pagar el derecho por eso. “No es un impuesto, es un derecho de los autores por la propiedad de las obras, lo cual está consignado en la ley. Nosotros tenemos que entender que ese compromiso hay que cumplirlo, la gente tiene que saber eso”.

Reiteró su oposición a la modificación de la Ley 65-00 para esos fines, pero dejó claro que el país deberá adecuarla para cumplir con tratados internacionales. “Hay que tener mucho cuidado porque el interés particular que hay de no estar incluidos en la ley es muy peligroso, porque si usted obtiene un beneficio pecuniario, debe pagar los impuestos al Estado, pero también a los que son los creadores de ese producto”.

 

Conflicto ADDA-SG-Sodinavi

Los directivos de la Asociación Dominicana de Derechos Audiovisuales y Sociedad de Gestión (ADDA-SG) y la Sociedad Dominicana de Intérpretes de Audiovisual (Sodinavi), se encuentran en una batalla ante la Onda para que la institución establezca cuál de las dos será la que representará al sector de la industria audiovisual.

Ante la imposibilidad, hasta ahora, de que los representantes del sector se pongan de acuerdo, para que exista un solo gremio, será a la Onda que le corresponderá tomar la decisión, sin embargo, eso no garantiza que el pleito llegue a los tribunales.

“Cuando llegamos a la Onda encontramos esa situación, algo que no entiendo cómo ocurrió porque recibieron dos solicitudes de sociedad de gestión, cuando la ley es muy clara porque establece que no pueden existir dos sociedades con el mismo sentido. Estamos buscando una solución, pero lamentablemente no se han puesto de acuerdo, por lo que a fin de este mes estaremos emitiendo un fallo. Estoy seguro que cualquier decisión que nosotros tomemos, irá a los tribunales”.

Lo que encontró cuando asumió la Onda

Cuando José Rubén Gonell tomó posición de la Oficina Nacional de Derecho de Autor encontró las instalaciones deterioradas.

“No me gusta hablar de lo que pasó, pero debo decir que cuando llegamos a la Onda el 18 de agosto encontramos un edificio precioso, todo estaba muy bien hasta que comenzamos a caminar, pero los ánimos se fueron abajo al notar que no existían las condiciones para trabajar. Pero además nos encontramos que el edificio no era propio, sino alquilado”, acotó.

Con el paso de los días descubrieron que el acuerdo por el pago mensual del alquiler ascendía a US$37,000 dólares más los impuestos, siendo un monto total de US$41,000.

“Pero resulta que el aumento anual es de 3.5 % y las facturas llegan en un momento en el que siempre tendríamos problemas para pagar, por el sistema de pagos que tiene el gobierno. Además, tenemos pagar una mora de cinco por ciento por retraso en el pago”, dijo el funcionario.

Reveló que el primer pago que hicieron fue de cerca de 97 mil dólares porque tuvieron un retraso de dos meses.

“Ponemos en conocimiento al señor presidente de la República y nos dice que es imposible tener una oficina en esas condiciones. Nosotros nos planteamos introducir cambios en la Onda con la contratación de personal y reajustar los salarios a los profesionales que allí laboran”, reveló.

El director de Onda agregó que el contrato firmado por la administración de Trajano Santana establece que en el caso de ser rescindido, el Estado debe pagar el tiempo de alquiler, que es por siete años, con los aumentos establecidos. “Ese contrato se hizo, creo en 2019 y no permite una salida que no sea pagando el dinero, lógicamente, nosotros estamos poniendo el caso en manos de nuestros abogados porque no vinimos aquí a despilfarrar el dinero del pueblo, venimos a eficientizar los recursos del estado”, aseguró.

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