El ministerio de Defensa negó este viernes que instituciones militares estén involucradas en actos de corrupción, tal y como declaró el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, durante el conocimiento de medida de coerción del caso Coral.

En un comunicado, la instrucción dijo que los cuerpos castrenses militares no están exentos de los problemas generales que afectan a la sociedad, pero que sus integrantes son hombres y mujeres motivados por la entrega a la misión patriótica que le asigna la Constitución de la República.

“Son personas con vocación de servicio, entrega y sacrificio, orgullosas de la historia de las Fuerzas Armadas y de la oportunidad que estas ofrecen para servir al país”, dice el documento.

Manifestó que un ejemplo de su misión constitucional es la participación durante más de un año en la lucha para controlar la pandemia del COVID-19, en la que actualmente participan miles de miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo personal sanitario y soldados de todos los rangos.

Reiteró que las instituciones militares son un cuerpo social sano y comprometido, y que quienes se aparten de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, no encontrarán cobijo en las filas militares y tendrán que responder ante la justicia. 

El jueves el mayor Girón Jiménez, uno de los implicados en el caso Operación Coral, aseguró que hay varias instituciones castrenses militares y policiales que en la actualidad tienen enquistada a directores financieros haciéndole los mismas actos delictivos que el hacía y que siguen recibiendo dinero del Estado.

Dijo que no da nombre de las entidades públicamente para que no se alerten y empiecen a tomar medidas correctivas.

Girón Jiménez era el programador de nóminas del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y Encargado de tecnología del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), devengaba un salario de 250 mil pesos y un patrimonio ascendente a más de 200 millones de pesos, según la acusación del Ministerio Público.

También es causado de realizar compras de inmuebles a nombre propio y suscribir préstamos ficticios a miembros del entramado, como es el caso de la imputada Rossy Maybelline Guzmán (La Pastora).

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