El pelotero de Grandes Ligas, Robinson Canó, vuelve a estar involucrado en un caso de irregularidades en perjuicio del Estado dominicano. Su empresa, RJC Claer, SRL, está siendo investigada por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), en torno a la contratación para la prestación de servicios de recolección de residuos sólidos por parte del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, provincia natal del deportista.

Sin embargo, este no es el único caso al que el pelotero ha estado vinculado. Se recuerda que en julio de 2018, el programa Nuria Investigación Periodística, investigó los terrenos que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) vendió a un precio increíblemente barato, en medio de denuncias de la mafia en esa institución.

A inicios de ese año, se denunció que el atleta había sido víctima de dicha mafia, debido a que que pagó unos 50 millones de pesos al CEA por la compra de unos terrenos en San Pedro de Macorís, arrendados a la empresa azucarera Porvenir SRL; pero un informe interno de la mencionada institución demuestra otras irregularidades en esa negociación que beneficia al famoso pelotero y perjudica al Estado dominicano con miles de millones de pesos.

A mediados de 2016, durante la gestión de José Joaquín Domínguez como director del CEA, Canó adquirió 10,937 tareas de propiedad del CEA, porción equivalente a 6, 879, 373 metros cuadrados, a un precio provisional de entre 7.80 a 8.00 pesos el metro cuadrado, para un valor total de RD$55, 034, 984.

Empero, la segunda resolución del acta 004-2016 del Consejo de Directores del CEA, órgano mٔáximo de esa entidad, el precio mínimo por metro cuadrado de ese terreno es de 10.50 dólares, por estar ubicado en la parcela 15-A del distrito catastral 16-4, municipio Ramón Santana, de la provincia San Pedro de Macorís, en plena Autovía del Este.

Esto significa que el pelotero debía haber pagado al Estado dominicano, en base a la resolución antes citada, más de 3,322 millones de pesos.

Incluso, el precio por metro cuadrado de esos terrenos podría ser mucho mayor, según admitió el entonces director ejecutivo del CEA, Pedro Mota. “Unos 20 o 25 dólares, podría llegar a ese valor. Al pasarle la Autovía del Este le da aun valor agregado. No es simplemente un terreno en una zona rural, ya es una zona urbana”, valoró.

Si se hace un nuevo cálculo tomando un punto medio del precio establecido por el exdirector del CEA, de 22 dólares el metro cuadrado, Robinson Canó debió haber desembolsado más de 7,476 millones de pesos por la adquisición de dicha propiedad.

Mientras, con relación al caso de la empresa del pelotero que presta servicios de recolección de residuos sólidos al Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, la DGCP informó que, en el marco del monitoreo preventivo, iniciado en enero pasado, se observaron irregularidades preliminares en el procedimiento de urgencia AYUNTAMIENTO SAN P.-MAE-PEUR-2021-0001, así como en su ejecución, en el cual resultó adjudicataria la empresa RJC Clear, SRL, constituida hace apenas cinco meses, cuando el pliego de condiciones exigía una experiencia de más de siete años, lo que unido a las alertas recibidas, ameritan una investigación más profunda para identificar potenciales violaciones a la ley y determinar las consecuencias jurídicas de cara al procedimiento de urgencia celebrado.

De igual manera, se verificaron plazos no razonables en todas las etapas del proceso, a partir de la recepción de ofertas, ya que las fases subsiguientes transcurren en el mismo día y con una diferencia de minutos, contrario a lo que establecen los principios de eficiencia y razonabilidad contenidos en los numerales 1 y 9 del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.

Así se eleva a tres el número de alcaldías, en cuyas contrataciones para la recogida de basura, la DGCP ha identificado, preliminarmente, inobservancias a la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, lo que ha obligado a abrir investigaciones desde el mes de agosto a la fecha.

En noviembre pasado, el órgano rector abrió un proceso de investigación en torno al contrato suscrito por el Ayuntamiento Municipal de La Romana con la empresa Urbaluz S.R.L., al recibir denuncias de que se había realizado mediante una contratación directa en vez de convocar a un proceso competitivo.

Ese mismo mes, hizo lo propio con relación al procedimiento de excepción por urgencia llevado a cabo por el Ayuntamiento de Boca Chica, el cual presuntamente fue llevado a cabo sin cumplir con requisitos esenciales que la Ley de Compras exige para este tipo de procedimiento.

En reuniones sostenidas con alcaldes y directivos de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), el director de la DGCP, Carlos Pimentel, ha insistido en la necesidad de que la contratación de empresas prestadoras del servicio de recogida de desechos sólidos se realice con apego a la legalidad, en un marco de transparencia, competitividad, economía y responsabilidad.

n.com.do

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