El Senado de la República envió este miércoles a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, con un plazo fijo de una semana, el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader la suspensión del pago de siete mil millones de pesos del denominado “peaje sombra” correspondiente al año 2021 y agilizar la renegociación del contrato de la autopista del Nordeste, Juan Pablo II.

La iniciativa es autoría del senador por la provincia Samaná, Pedro Catraín, quien pidió al presidente en funciones Santiago José Zorrilla (El Seibo), que la iniciativa sea enviada a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos por un plazo de una semana, moción que fue acogida por sus pares presentes en la sesión.

La pieza señala en su cuarto considerando que la concesión del contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná tiene vicios de origen que pueden constatarse en la carta y sus anexos enviados al Congreso Nacional en el año 2008 por el Poder Ejecutivo, incluyéndose en uno de sus anexos en estudio de tráfico vehicular elaborado en el año 2005 por la empresa The Louis Berger Group & Asociados, y que fue certificado por el entonces secretario de Estado de Obras Públicas.

También en su artículo quinto refiere que según el estudio citado, el tráfico prometido diario fue estimado en 24,881 vehículos para el año 2016 cuando en realidad ese año circularon por esa vía solo 10,284 vehículos, lo que significa una sobreestimación de 142 %, recursos que el Estado dominicano está obligado a cubrir.

El proyecto indica también que el gobierno y la compañía concesionaria pactaron un contrato por un plazo de 33 años de los cuales los primeros tres años serían para la ejecución de la obra y los 30 años restantes se dedicarían para la operación y mantenimiento de la autopista a manos exclusivas de la entidad privada, incluyendo el control absoluto del precio del peaje y el conteo del tráfico vehicular.

Expone también que el contrato dispone que si el valor correspondiente a los ingresos por concepto de peaje durante la operación fuera inferior al ingreso garantizado, el Estado compensará la diferencia al concesionario.

Estas son las cláusulas que abrieron las puertas al denominado “peaje sombra” bajo el supuesto de garantizar el equilibrio económico de este proyecto firmado en agosto del año 2005 y enero del 2006.

En la sesión de este martes dirigida por el vicepresidente del Senado de la República, Santiago José Zorrilla, también fue sancionado el proyecto de ley que crea el Monumento Natural Río Partido, en la provincia Hermanas Mirabal.

Esta iniciativa es autoría del senador por la misma provincia, doctor Bautista Rojas Gómez.

También fue conocido el informe del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) año del 2016. De igual manera fue sancionado el Informe sobre el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) 2018. Ambos remitidos por el Poder Ejecutivo.

En la sesión los legisladores aprobaron una resolución mediante la cual solicita al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), la construcción de un local para las Oficinas de la Junta Central en Hato Mayor. La iniciativa es autoría del senador por la misma provincia Dr. Cristóbal Castillo.

En los trabajos legislativos fue sancionado el acuerdo de Transporte Aéreo entre la República Dominicana y la República Portuguesa, firmado en Santo Domingo, República Dominicana, el 20 de mayo del 2019, remitido por el Poder Ejecutivo.

También el acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y la República Dominicana para los servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios.

Asimismo el convenio constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III y, B convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III), ambos adoptados en Ginebra, Suiza, el 24 de mayo 2019, remitido por el Poder Ejecutivo.

Además el acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre la República Dominicana y la República del Perú, suscrito el 18 de marzo del 2019, remitido por el Poder Ejecutivo.

También se incluye el acuerdo aéreo entre el Reino de los Países Bajos, con respecto a Curazao, y a la República Dominicana, firmado en Santo Domingo, República Dominicana.

De la misma forma fue sancionado el protocolo de enmienda al Convenio de Aviación Civil Internacional sobre los artículos 48 (a), 50 (a) 56, 50 (a), 50 (a) y 56, suscrito el 15 de septiembre de 1962, el 12 de marzo del 1971, el 6 de octubre del 1989, el 26 de octubre del 1990 y dos últimos del 6 de octubre del 2016, respectivamente. Iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.

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