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La Suprema Corte de Justicia designó al magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, como juez de la Instrucción Especial, para decidir los requerimientos durante el procedimiento preparatorio que lleva a cabo el Ministerio Público contra la diputada Rosa Amalia Pilarte López, vinculada a una red de narcotráfico internacional y lavado de activos, liderada por su esposo Miguel Aturo López, mejor conocido como Miky López.
La designación del magistrado Estévez Lavandier, juez de la SCJ, fue hecha en fecha seis de julio, mediante el Auto núm. 9/2021, acogiendo la solicitó que en ese sentido hizo Pedro Inocencio Amador Espinosa, procurador adjunto de la Procuraduría General de la República, Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DIGEPEMP).
El auto está firmado por Luis Henry Molina Peña, presidente de la SCJ y por César José García Lucas, secretario general de la SCJ.
“En el caso que nos ocupa trata de una solicitud de designación de un juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 5 de julio del 2021, con la finalidad de obtener todas las autorizaciones judiciales y medidas cautelares necesarias que pudieren derivarse como consecuencia de la investigación a cargo de la señora Rosa Amalia Pilarte López; mediante la cual alegan en síntesis que: a) la señora Rosa Amalia Pilarte López, no puede justificar la integración en la economía dominicana de la suma de dos mil quinientos noventa y tres millones trescientos setenta y siete mil trescientos pesos dominicanos (RD$2,593,377,300.00).
La actual legisladora por la provincia de La Vega es médico de profesión (odontóloga) y lo que establece la « Tesorería de la Seguridad Social (TSS) es que el producto de su trabajo formal y licito asciende a la suma total de seis millones trescientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y un pesos dominicanos (RD$6,359,331.37)”, refiere el auto de la SCJ.
En fecha 11 de junio del 2021, las autoridades del Ministerio Público de La Vega presentó el expediente con las conclusiones sobre la presentación de acusación y solicitud de apertura de juicio contra los acusados Miky López y sus hijos José Miguel y Miguel Arturo López Piarte, José Antonio Román y Ada María Pilarte de Inoa. Le atribuye mover más de dos mil 553 millones de pesos sin poder justificar.
El MP de La Vega solicito a la SCJ la declinatoria del caso a otra jurisdicción por sospecha legítima, en el entendido de que en esa provincia no hay garantías de que se pueda conocer el caso conforme a los parámetros de garantías judiciales.
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