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Santo Domingo.- El tribunal Superior electoral (TSE) ordenó al presidente de la República Dominicana, Danilo medina mediante el acto 473-2020, a ser citado para el jueves a las 9:00 de la mañana en audiencia virtual para conocer Acción de Amparo planteada por el Doctor Angel Lockward, en nombre de Vinicio Castillo. La jurisdicción es, conocer de las posibles vulneraciones a los derechos políticos de los candidatos a las elecciones del 5 de Julio del 2020.

Lockward sostiene en su instancia que la prórroga del Estado de Emergencia viola varios derechos fundamentales imprescindibles para la competencia electoral, como son, el derecho a la privacidad de las comunicaciones telefónicas, digitales, a la libertad de tránsito y reunión, así como el derecho a igualdad.

Indica en su instancia, que los estados de excepción como suspensivos de derechos fundamentales deben ser comunicados al OEA y a la ONU, sobre todo cuando tienen lugar en dos electorales, puesto que así lo dispone la Ley 21/18 en su artículo 17.

Asimismo, dice que la resolución del Congreso Nacional no cumplió con el párrafo del artículo 28 de la ley 21-18 sobre el ¨estado de excepción¨, dispone que la prorroga no puede ser mayor que la prorroga previa.

La solicitud de la presidencia tampoco indica que las medidas a tomar son necesarios en los poderes excepcionales y, el congreso tampoco indica cuales derechos son suspendidos, como requiere la constitución en su artículo 266.

Sostiene que la gente piensa que el estado de Emergencia es solo para la extensión del toque de queda, pero en realidad, en virtud de la prórroga, mañana el gobierno puede llevar a la prisión a Luis Abinader y a Leonel Fernández, interviniéndole el teléfono y allanando sus oficinas, sin necesidad de una orden judicial; puede mantenerlos en prisión sin tener que presentarlos a la justicia hasta después de las elecciones.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Ramón Jaquez Liranzo, ordenó citar al presidente Danilo Medina a través de un notario, en virtud de la vacancia del poder judicial y de sus alguaciles.

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