Pago de prestaciones: otro ingrediente que suma Falcondo a su caso legal
Un grupo de 82 extrabajadores de la minera, cancelados en marzo, demandan el cumplimiento de la obligación
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La minera Falconbridge Dominicana (Falcondo) sigue atrapada en un proceso legal, motivado por su insolvencia y parálisis operativa, una situación a la cual se añade un nuevo ingrediente: 82 de sus últimos empleados exigen el pago de sus prestaciones, luego de que la compañía terminara sus contratos de trabajo el pasado 2 de marzo.
Uno de los trabajadores afectados, que sirvió de vocero, pero que prefirió el anonimato, reveló que el monto adeudado al grupo asciende a los 300 millones de pesos.
De forma previa, a través de un espacio pagado, denunciaron que Falcondo excusa su incumplimiento amparada en que notificó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Ministerio de Trabajo sobre la intención de utilizar los créditos a favor de la empresa por concepto de impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios para cumplir con las prestaciones laborales correspondientes.
Sin embargo, aunque la DGII manifestó estar de acuerdo con la liberación de los fondos, condicionó la acción a la decisión del tribunal de reestructuración mercantil, proceso al cual se acogió la minera el mismo mes en el cual fueron cancelados los empleados.
El extrabajador informó que en el grupo hay antiguos compañeros de todas las áreas: seguridad, bomberos, secretarias, financieros y de operaciones.
El técnico explicó que la compañía les pidió que continuaran laborando porque entendía que eran el capital humano con el expertise para poder ayudar a un eventual comprador o a un nuevo inversionista a reiniciar las operaciones. «Era el plan que se tenía: reiniciar la operación de ferroníquel».
Diario Libre ha intentado desde hace meses entrevistar a la administración de la empresa minera, sin éxito alguno.
Falconbridge está en medio de un proceso legal de reestructuración mercantil, que según el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) fue motivado por la institución. En su memoria anual de 2025, el Fonper establece que la minera sufre una gravedad de insolvencia, un cese abrupto de operaciones, el incumplimiento de obligaciones laborales, la afectación a las comunidades locales y los riesgos asociados a la conservación de activos estratégicos.
